A partir del año 2002, se empezó a gestar en base a grupos de interés, un esquema de articulación de esfuerzos orientados a la atención de los adultos mayores, entre los que se destacan la Asociación Nacional de Adultos Mayores, Institutos de Previsión y Seguridad Social y sus correspondientes asociaciones de jubilados y pensionados, fundaciones de apoyo al adulto mayor, hogares de ancianos, grupos del adulto mayor en las iglesias, Comité Técnico Interinstitucional del Adulto Mayor (COTIAM), adscrito a la Dirección de Adulto Mayor, instituciones que brindan servicios sociales y de salud para este segmento de la población, diferentes entidades del Gobierno y Descentralizadas, profesionales independientes, investigadores y estudiosos del tema, líderes de opinión, así como instituciones territoriales de orden municipal y departamental. La incidencia de dichos actores, dio fruto con la aprobación de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados y su publicación el 21 de julio del año 2007, en el Diario Oficial “La Gaceta”; con ello, se marca un hito en las Políticas Sociales del País, dando paso a la promulgación de una legislación que contempla una normativa fundamentada en derechos y obligaciones de los adultos mayores y jubilados y el establecimiento de un régimen de descuentos y privilegios, orientados a satisfacer las necesidades especiales de salud y protección social, amparándose en el respaldo constitucional que establece que: “La igualdad de todos los hondureños sin distingos de ninguna naturaleza”.

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