En muchos países de América Latina y el Caribe (ALC) se cumplieron más de cinco meses desde que se declaró la emergencia por la pandemia COVID-19. Aunque los esfuerzos de los gobiernos han sido importantes para evitar la propagación del virus, el aumento en el número de contagios desde el mes de mayo ubicó a la región como el nuevo foco de la pandemia principalmente por los altos números de casos reportados y personas fallecidas en países como Brasil, México y Perú. Sin embargo, y frente a las implicaciones que suponen la paralización de las actividades económicas y productivas, algunos países han optado por flexibilizar o levantar gradualmente las medidas de confinamiento para ciertos grupos o sectores económicos (Brasil, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Colombia). La flexibilización, con los altos riesgos de contagio que conlleva, refleja la urgencia por recuperar el trabajo y los ingresos necesarios para la supervivencia de las familias, así como la presión de los sectores productivos para recuperar las inversiones, recursos y patrimonios que conforman el sustento de millones de trabajadores en los sectores formales e informales de los países en la región.

La primera y segunda edición de estas notas técnicas sistematizan y analizan las medidas de protección social como respuesta al COVID-19 identificadas en América Latina y el Caribe. La segunda edición profundizó el análisis en las medidas de asistencia social, en específico los nuevos programas de transferencias monetarias y los programas de alimentación escolar. Esta tercera edición actualiza el estado general de las respuestas de gobiernos en protección social hasta principios de julio, y pone el foco en el análisis de las medidas de seguridad social y mercado laboral que han sido adoptadas ante la desaceleración económica y frente al aumento del desempleo en la región.