El sistema de protección social en Argentina se desarrolló de manera gradual desde principios del siglo pasado con la aparición de las primeras cajas de pensiones para sectores productivos particulares. El mismo se fue ampliando al generalizarse los programas de jubilaciones, introducirse otros esquemas de seguridad social contributiva como las asignaciones familiares y el seguro de desempleo, e incorporarse en forma progresiva actividades y programas vinculadas a la protección de aquellos que están afuera del mercado de trabajo formal, sea mediante esfuerzos para formalizarlos o por el desarrollo de esquemas no contributivos. En efecto, mientras que en su origen la mayoría de los programas de transferencias de ingresos de protección social se organizaron en base a la contribución de los participantes, en los últimos años ha aumentado la atención y recursos destinados a proteger a quienes no tienen un empleo formal asegurado. El rol de los gobiernos provinciales en el desarrollo e implementación de estas políticas también ha variado en forma significativa a lo largo del tiempo. Históricamente las provincias han sido responsables de la gestión de los programas previsionales para los empleados públicos y mantuvieron roles importantes en la gestión de la asistencia social (casi siempre vinculada a las emergencias) y la supervisión de las normas laborales. Durante la década de los 90 su rol en los temas previsionales se redujo, al transferirse al sistema nacional a los afiliados y beneficiarios de diez cajas provinciales, mientras que las responsabilidades sobre el control laboral aumentaron (aunque no siempre con resultados efectivos) y algunas provincias comenzaron a diseñar e implementar programas de empleo en forma directa.