Respuestas de protección social al COVID-19: Acciones que pueden hacer la diferencia para las personas mayores
Personas de todas las edades con condiciones de salud crónicas tienen un mayor riesgo de serios impactos del coronavirus. Esas condiciones, todavía, son más frecuentes entre las personas mayores, las poniendo en mayor riesgo de tener complicaciones graves. A medida que los gobiernos y socios están expandiendo sus respuestas, es esencial que la preparación y la respuesta al COVID-19 capturen los riesgos y desafíos enfrentados por las personas mayores. Esta publicación de blog resume el webinar Respuestas de protección social al COVID-19: Acciones que pueden hacer la diferencia para las personas mayores, que ocurrió el 9 de abril de 2020, y fue organizado por HelpAge International, International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), and Australia’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).
El webinar fue moderado por Florian Juergens (Asesor Global de Protección Social en HelpAge International), el cual contó con la experiencia de Gabrielle Kelly (Asociada de Investigación Senior en el Instituto Samson para la Investigación del Envejecimiento, SIFAR), Peter Lloyd-Sherlock (Profesor de Política Social y Desarrollo Internacional en la Universidad de East Anglia), Cecilia Mbaka (Jefa de la Secretaría Nacional de Protección Social del Departamento de Protección Social del Estado de Kenia). Los oradores explicaron cómo las personas mayores están particularmente en riesgo durante la pandemia de la COVID-19 y presentaron directrices concretas sobre cómo los gobiernos les pueden proteger a las personas mayores durante el pago de pensiones y aún las oportunidades de vincular la provisión de protección social con el apoyo a la salud. Los desarrollos de la crisis de COVID-19 en Kenia y las iniciativas de respuesta del Gobierno también fueron discutidos.
La grabación del webinar puede ser vista aquí y la presentación del webinar, accedida aquí.
Contextualizando
Aunque todos estén expuestos al coronavirus y los impactos sociales y económicos de la crisis, las personas mayores enfrentan peligros específicos desde las perspectivas social, económica y de la salud, poniéndoles en una condición de elevado riesgo. A medida que las personas mayores tienen más probabilidad de tener afecciones de salud subyacentes y sistemas inmunitarios debilitados, la tasa de mortalidad por COVID-19 aumenta drásticamente con la edad. Más del 80% de los fallecidos por COVID-19 en China tenían más de 60 años.
Además de expuestas a un mayor riesgo de salud, las personas mayores también corren un alto riesgo de inseguridad de ingresos, ya que dependen de diferentes fuentes, incluidos el trabajo, los ahorros, el apoyo financiero de sus familias y las pensiones, que, en muchos casos, tienden a ser bajas e irregulares. Se espera que los ingresos y el nivel de vida de las personas mayores disminuyan significativamente, puesto que muchos tendrán que dejar de realizar actividades generadoras de ingreso debido a riesgos para la salud y que sus familias podrán estar menos capaces de mantenerlos. Esa imagen es aún más crítica en los países de bajo ingreso, donde solo un promedio del 20% de las personas mayores tienen seguridad de ingreso a través de un plan de pensiones. En ese contexto, las mujeres mayores suelen ser aún más desfavorecidas y vulnerables a la baja de ingresos, ya que tienen menos probabilidad de contar con pensión o ahorros, y de poseer bienes.
Los gobiernos deberían garantizar acceso continuo y seguro a la protección social para todos, en particular las pensiones para las personas mayores. La protección social puede ayudar a las personas a acceder a los servicios de salud y ayudarlas a adoptar medidas de prevención. También lo puede garantizar la seguridad de ingreso y el acceso a bienes y servicios esenciales, protegiendo, así, capacidades humanas y medios de vida. Por lo tanto, tiene el potencial de proteger a las personas y los hogares de las adversidades sociales y económicas de la crisis.
Hasta el 3 de abril de 2020, 106 países ya habían introducido o adaptado programas de protección social para proporcionar un mayor apoyo en respuesta a la COVID-19. Los ajustes a las pensiones se encuentran entre las respuestas de protección social más comunes, y, hasta ahora, 34 países han adaptado o ampliado la protección social a la vejez. Vea ejemplos abajo.
Vinculando protección social con apoyo a la salud
Para avanzar la conversación sobre el potencial de la protección social para responder a la crisis de la COVID-19, Peter Lloyd-Sherlock discutió algunos puntos generales sobre transferencias de efectivo y resultados de salud. También argumentó que los puntos de pago de pensiones y otros puntos de entrega de protección social pueden ser lugares de riesgo de salud, sino que también de oportunidad de salud.
Existe la idea común de que las transferencias de efectivo pueden, por sí solas, mejorar los resultados de salud entre grupos de personas. Todavía, lo que enseñan las evidencias es que la transferencia de efectivo como una intervención independiente tiene efectos limitados en los resultados de salud para las personas mayores y personas con discapacidad – a menos que se combine la distribución de efectivo con otras intervenciones con objetivos de salud específicos. Eso se basa, por ejemplo, en una investigación que revisa intervenciones y efectos de las políticas sobre la salud de las personas mayores en África subsahariana.
Pese a que los puntos de pago de pensiones sean lugares de posible exposición de las personas mayores a riesgos para la salud, también ofrecen oportunidades únicas para alcanzar e involucrarse mensualmente con personas mayores. En muchos lugares, especialmente en las zonas rurales, la gente no visita clínicas de salud regularmente. Un estudio piloto ha demostrado que proporcionar servicios de hipertensión a personas mayores en los puntos de pago de pensiones puede ser muy efectivo. Las oportunidades incluyen intercambio de información sobre salud y orientación para la población en general o más específica para las necesidades de las personas mayores – lo que se puede personalizar a los contextos locales.
Enlaces más ambiciosos pueden ser desarrollados con profesionales y agencias de salud locales para construir intervenciones más específicas en puntos de prestación de protección social. Por ejemplo, enfermeras capacitadas y trabajadores de la salud podrían estar disponibles en puntos de pago para gestionar riesgos de infección en campo, además de observar a los pensionistas, aconsejándoles, tratándoles o encaminándoles adecuadamente. Esas oportunidades pueden ser adaptadas durante la crisis de la COVID-19, pero también pueden allanar el camino para un enfoque más holístico y coordinado a fines de proporcionar apoyo efectivo y de salud, junto con otros servicios para personas mayores y personas con discapacidades.
Orientaciones prácticas
Gabrielle enfocó su presentación en aspectos específicos que pueden ser manejados para mejorar la administración de los pagos de pensiones durante la pandemia de la COVID-19. También para reducir la posible exposición de las personas mayores al virus, pasando información importante y regular a este grupo de riesgo y manteniéndoseles con seguridad física y socioeconómica.
- Reduciendo el riesgo de infección in puntos de pago
Una opción es hacer distintos arreglos en términos de pago. Por ejemplo, establecer días de pago escalonados permite que las personas mayores y con discapacidad retiren sus pagos en días u horarios distintos del restante de la población. También se pueden planificar los pagos de pensiones con menos frecuencia, por ejemplo, mediante pagos adelantados cada dos o tres meses. Para estos arreglos, los gobiernos deben desarrollar planes y protocolos con socios externos (por ejemplo, bancos, minoristas), caso agencias públicas no se lo manejen los pagos.
Permitir que personas mayores nominen a un tercero para retirar su pensión también es una opción para evitar puntos de pago superpoblados. Como medida a corto plazo, eso se puede hacer trabajando con organizaciones comunitarias – incluidos grupos religiosos – para colectar y distribuir pensiones para sus miembros o congregaciones. Todavía, existe un riesgo en garantizar que las personas realmente reciban sus pagos. A largo plazo, eso se puede superar haciendo con que los trabajadores sociales, de salud comunitaria o el personal de las agencias de pago visiten los hogares de las personas mayores para ayudar a facilitar el nombramiento de un tercero.
Otra opción para reducir la necesidad de las personas mayores en comparecer a puntos de pago es el uso de pagos electrónicos de pensiones. Las opciones potenciales para pagos electrónicos son tarjetas de efectivo, billeteras electrónicas en dispositivos móviles o pagos colectados en comercios minoristas. Al seleccionar la modalidad, es importante fijarse que las personas mayores tienen dificultades para acceder a nuevas tecnologías y llegar a cajeros automáticos, y pueden necesitar agentes disponibles para apoyarlos.
Aunque difícil, lo ideal sería tener protocolos para detectar síntomas de COVID-19 de los que colectan el pago. Las personas con fiebre detectada deben recibir información y orientación sobre dónde acudir para las pruebas, el tratamiento y el soporte. También debería haber protocolos de higiene disponibles, como instalaciones básicas para lavarse las manos en la entrada del punto de pago; lavado de manos regular y obligatorio para el personal de todas las agencias, así como provisión de desinfectante de manos para quienes manejan efectivo; sistemas de colas con espacio de dos metros (seis pies) de una persona a la otra; oficinas de pago / funcionarios ubicados al menos dos metros el uno del otro; y limpieza de todos los dispositivos biométricos entre usos.
- Compartiendo información
Gobiernos, agencias de pensiones, organizaciones comunitarias y socios comerciales involucrados deberían mantener comunicación periódica con el público en general y poblaciones en riesgo para compartir información de salud. Es importante que el público en general comprenda los riesgos que enfrentan las personas mayores y que estén sensibilizados sobre su necesidad de obtener acceso prioritario a medidas preventivas y atención médica. El público en general también debería ser informado de que las personas mayores no tienen más probabilidades de propagar COVID-19 que cualquier otra persona, evitando la estigmatización y la discriminación.
Informaciones sobre los nuevos acuerdos de pago de pensiones deberían ser ampliamente publicitados. Sin embargo, como las personas mayores tienen más probabilidad de tener bajos niveles de alfabetización, discapacidades físicas o sensoriales que les impiden acceder a la información, pueden estar menos expuestos a medios convencionales. Por lo tanto, se deberían utilizarse de múltiples formatos de comunicación, como el braille, mensajes de audio a través de altavoces y formatos fáciles de leer que combinen texto e imágenes - en lenguaje local y de señas.
Por fin, campañas específicas de intercambio de información pueden ser relevantes, especialmente en entornos rurales y comunidades de difícil acceso. Eso se puede hacer generando una lista de hogares donde viven personas mayores, sea por bases de datos de pensiones o a través de identificación comunitaria. Se puede contactar a las personas mayores con el apoyo de los líderes y comités de la comunidad y obtener información sobre acuerdos de pago de pensiones.
- Seguridad física y socioeconómica
Medidas sensibles de seguridad física y económica son importantes para proteger a las personas vulnerables en los puntos de pago. Por ejemplo, contar con personal de seguridad bien capacitado en campo puede ayudar a administrar las multitudes, instruirles a las personas a salir del punto de pago y restringir la entrada de vendedores y no receptores.
La situación de la COVID-19 en Kenia
La Sra. Cecilia Mbaka compartió información sobre los recientes desarrollos de la crisis de la COVID-19 en Kenia. Actualmente, 129 personas están infectadas con el virus en el país, con un caso considerado muy grave y 19 casos confirmados entre personas de 60 años o más (cifras del 8 de abril de 2020). Como la proporción de casos entre las personas mayores es considerablemente baja, el Gobierno está implementando intervenciones dirigidas a la población en general, esperando que también lleguen a las personas mayores.
El gobierno de Kenia está proporcionando servicios de salud gratuitos y soporte para los infectados con COVID-19 en hospitales gubernamentales. El gobierno también ha puesto en marcha campañas de información, que incluyen informes diarios del Secretario de Finanzas dirigidos a los jóvenes, a fines de sensibilizarlos a tener cuidado para no contraer la enfermedad y transmitírsela a los mayores.
Respecto a la circulación de personas, el Gobierno ha pedido a la población que no viaje dentro y fuera del país. Además, el área metropolitana de Nairobi ha estado cerrada desde el 6 de abril, que es donde se encuentran la mayoría de los casos. Se espera que eso detenga la propagación a las zonas rurales, donde vive la mayoría de las personas mayores.
El Gobierno ha designado USD 100 millones a las respuestas al COVID-19 para grupos vulnerables. Todavía, cómo se gastará el dinero sigue en discusión. Como las personas mayores están bajo más riesgos, se espera que se les dé prioridad. También se espera que la entrega de eventual apoyo adicional sea facilitada por el hecho de que la mayoría de la población anciana de Kenia ya consta en los registros de transferencias de efectivo. Además, se está discutiendo acerca de extender las transferencias de efectivo a personas mayores de 60 años, que actualmente están fuera de los esquemas de transferencias de efectivo a los mayores de 70 años. Por fin, se espera que los recursos se prioricen hacia barrios urbanos marginales y condados seleccionados, especialmente donde los casos de COVID-19 son altos.
El webinar se concluyó con una sesión interactiva de preguntas y respuestas, accesible aquí. También puede unirse a la discusión de preguntas y respuestas aquí.
Esta publicación es parte de la serie de webinars sobre Respuestas de Protección Social a la COVID-19. La serie es un esfuerzo conjunto iniciado por el IPC-IG, la GIZ en nombre del Ministerio Federal de Desarrollo Económico y Cooperación de Alemania (BMZ), y la colaboración del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio del Gobierno de Australia (DFAT) con la plataforma socialprotection.org, y en cooperación con socios de diferentes organizaciones.
Únase a nuestra comunidad online "Respuestas de protección social a la COVID-10 [Fuerza de trabajo]" para obtener más informaciones sobre la iniciativa y los futuros webinars.
Traducido del inglés por Gabriela Garcia
