La pandemia de la COVID-19 es una crisis de salud global con implicaciones para las personas en movilidad en todo el mundo. Aunque las personas refugiadas y las poblaciones desplazadas están expuestas a similares amenazas de las que enfrentan las comunidades de acogida a resultado de la COVID-19, su grado de vulnerabilidad puede ser mucho mayor debido a su condición migratoria, incluyendo la pérdida de su fuente principal de ingresos y su capacidad para pagar un alquiler, comprar alimentos y otros elementos esenciales como medicamentos. La emergencia de la COVID-19 ha empeorado las vulnerabilidades preexistentes para esta población que experimenta dificultades en acceder a los sistemas de protección social.

El objetivo principal del seminario web fue de resaltar prácticas de campo innovadoras para promover la inclusión y ampliar la cobertura de los programas de asistencia y protección social para personas refugiadas y poblaciones desplazadas. Dependiendo del contexto del país, éstas incluyen ajustes a las intervenciones existentes de ayuda en efectivo, el uso de programas complementarios de redes de seguridad social sensibles a la crisis y la ampliación de la respuesta de protección social a la COVID-19 en comunidades de acogida.

La discusión fue moderada por Nancy Landa, Asesora Técnica del proyecto piloto en México, Capacidades para la (Re)integración (Skills for Reintegration), y fue acompañada por Hanna Mattinen, de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Ginebra; Tania Niño, del Programa Mundial de Alimentos, Oficina en Colombia (PMA); y Camilo Buitrago Hernández, representante de la Gerencia para la Respuesta a la Migración desde Venezuela.

Puede ver la grabación de seminario web aquí y la presentación aquí.

 

Ayuda en efectivo del ACNUR frente a la COVID-19: Complementar la respuesta del gobierno

A nivel mundial, la respuesta de ayuda en efectivo a la COVID-19 está actuando como una red de seguridad social para las personas más vulnerables durante este momento difícil. Por esta razón, el ACNUR y sus socios, en estrecha colaboración con los gobiernos, han implementado ayuda en efectivo como respuesta durante la pandemia. El ACNUR ha distribuido $100 millones de dólares, entre febrero y mayo del 2020, incluyendo ayuda en efectivo sin restricciones para apoyar a las personas a satisfacer sus necesidades básicas, pero también para garantizar medidas cuarentena y de distanciamiento social.

A pesar de las restricciones y confinamientos actuales, el ACNUR ha logrado brindar asistencia en efectivo y una mayor cobertura (expansión 'horizontal' y 'vertical') a través de una variedad de enfoques que incluyen: incrementos en transferencias, nuevos programas creados y adelantos en pagos, y al mismo tiempo, aumentando las entregas a través de medios digitales. Un tercio de la asistencia en efectivo se ha entregado a través de formatos digitales. Otros enfoques que el ACNUR ha empleado para complementar la respuesta del gobierno incluyen:

  • Establecer nuevos proyectos de asistencia en efectivo
  • Establecer medidas de higiene en distribuciones de efectivo
  • Mayor uso de pagos digitales y monitoreo
  • Líneas de asistencia telefónica de la COVID-19 para información + evaluación
  • Pruebas de nuevas tecnologías como la biometría sin contacto
  • Pasar de efectivo a apoyo en especie cuando los mercados son débiles

El acceso a la protección social es un desafío principal que las personas refugiadas y desplazadas suelen enfrentar, ya que no se garantiza su derecho a la protección social gubernamental. Este estado diferencial se convierte en una barrera para acceder a servicios públicos como de educación y salud, así como a las oportunidades de ingresos legales. Muchas veces, las personas refugiadas y desplazadas no están incluidas en los registros sociales nacionales, lo cual se requiere para acceder a los programas de asistencia social. La identificación para personas refugiadas emitida por los gobiernos tiene cierto nivel de aceptación, pero también limitaciones comparada a una identificación nacional. Como resultado, carecen de acceso a servicios financieros porque sus identificaciones no se consideran lo suficientemente robustas para requisitos bancarios.

Un desafío adicional en la inclusión de las personas refugiadas y desplazadas es la gestión del desplazamiento forzado. En muchos países, los asuntos de refugio recaen en los Ministerios de Relaciones Exteriores. La contraparte nacional tradicional del ACNUR se enmarca dentro de esta línea ministerial. Sin embargo, para atender a las necesidades multidimensionales de las personas refugiadas, existe una diversidad de instituciones gubernamentales como los ministerios sociales, responsables de la protección social; el registro e identificación civil, a cargo de la emisión de la identificación nacional, mientras que la autoridad en materia de refugio emite la identificación a personas refugiadas; Bancos centrales, que regulan el acceso a los servicios financieros; y las autoridades nacionales de telecomunicaciones que regulan las normas de conectividad móvil. Por lo tanto, hay distintos actores y ministerios que deben alinearse y coordinarse para abordar los problemas que enfrentan las personas refugiadas.

Las siguientes experiencias en tres países fueron presentadas para ilustrar las prácticas de campo que han surgido a respuesta de la problemática antes mencionada que enfrentan las personas refugiadas y desplazadas.

 

Expansión horizontal en Pakistán

Hay aproximadamente 1,4 millones de personas refugiadas afganas registradas por el Gobierno de Pakistán. A medida que se registran, se aprueba la emisión de la identificación oficial (tarjeta POR). Las personas refugiadas se dedican a empleo ocasional dentro del sector informal y trabajan principalmente como trabajadores asalariados no calificados y se ven gravemente afectados por las medidas de confinamiento que comenzaron en marzo de 2020.

El Gobierno de Pakistán ha lanzado iniciativas de protección, incluido el antiguo programa de efectivo de emergencia de Ehsaas. El programa brinda cobertura a 12 millones de familias pakistaníes. Esta iniciativa de efectivo de emergencia de Ehsaas está vinculada al Programa Benazir de Apoyo a los Ingresos (BISP por sus siglas en inglés) más amplio del Gobierno de Pakistán. Debido a que las personas refugiadas no tienen acceso a la respuesta de protección social del gobierno, el gobierno contactó al ACNUR y solicitó que se complementara su estrategia mediante la expansión horizontal de la asistencia en efectivo para cubrir a las personas refugiadas durante estos tiempos difíciles.

Para ampliar la cobertura, el ACNUR utilizó una base de datos de 1,4 millones de personas refugiadas registradas y procedió a su selección a través de trabajo comunitario y la elaboración de perfiles para identificar a las personas más necesitadas. El ACNUR comenzó a emitir pagos en mayo de 2020. El programa refleja el monto de la transferencia de efectivo de Ehsaas (12 mil rupias) y su duración (4 meses). La primera fase de este programa se dirige a 37 mil hogares, lo que representa un aumento de 220,000 personas. El presupuesto para la primera fase es de $3 millones de dólares. La respuesta ha sido extremadamente rápida. El ACNUR trabajó muy bien con el gobierno y con la oficina de correos paquistaní.

 

Registro remoto, expansión horizontal y evaluaciones de impacto en Marruecos

Marruecos tiene 7.990 personas refugiadas y 3.820 solicitantes de asilo. Muchas de las personas refugiadas dependen del trabajo diario y, debido a las restricciones de confinamiento, han perdido su fuente de ingresos. Además, carecen de acceso al apoyo disponible para los nacionales. Durante la pandemia, la emisión de certificados de asilo y la aprobación del estatuto de refugiado se realizan de forma remota y en línea para garantizar que las personas refugiadas continúen accediendo a sus permisos e identificaciones.

La respuesta a la COVID-19 del gobierno focalizó alrededor de 4.5 millones hogares marroquíes, pero ésta no fue accesible para las personas refugiadas. Fue la primera vez que Marruecos puso en marcha un programa de transferencias monetarias incondicionales a gran escala. Ramed, el régimen de seguro de salud subsidiado por el gobierno para las personas en situación de pobreza se basa en el estado socioeconómico y esta base de datos excluye a las personas refugiados. Por lo tanto, el ACNUR dio uso al sistema de focalización ligado a la base de datos de personas refugiadas. La asistencia en efectivo que ACNUR empleó reproduce la asistencia social ante la COVID-19 del gobierno en cuanto a marca, tamaño, duración y mecanismos de entrega. ACNUR utilizó el Banco Al Barid para el pago en ventanilla, ya que la identificación para personas refugiadas se considera como comprobante de identificación adecuado para este tipo de entrega.

El Gobierno de Marruecos planea iniciar un nuevo proyecto de transferencia monetaria para los hogares marroquíes más vulnerables. ACNUR ha participado en varios esfuerzos de promoción con sus socios gubernamentales para incluir a las personas refugiadas. En cierto modo, la COVID-19 y esta iniciativa de transferencia monetaria crearon esta oportunidad para una colaboración más estrecha y una alineación entre las personas refugiados y nacionales.

 

Inclusión financiera, digitalización y expansión en Ruanda

Hay más de 150,000 personas refugiadas en Ruanda, y la mayoría de ellas viven en seis campamentos de refugio en todo el país. 11,500 personas refugiadas viven en dos centros urbanos. En las zonas urbanas, las personas refugiadas dependen del trabajo no calificado. Existe un derecho de facto para trabajar en Ruanda.

El derecho a la protección social fue incluido en la constitución del 2015 y es relativamente nuevo en comparación con otros países. No existe una protección social real o una red de seguridad social gubernamental para alinear o incluir a las personas refugiadas en campamentos. En tiempos normales, el PMA y el ACNUR han sido los proveedores principales de transferencias de efectivo en campos de refugiados.

Bajo la pandemia, ACNUR usó el sistema existente para garantizar que se atendieran las necesidades en crecimiento mediante adelantos de pago. En lugar de pagos mensuales, ACNUR emitió un pago grande para cubrir tres meses y aumentó el valor de la transferencia (expansión vertical) para cubrir las necesidades adicionales debido a la COVID-19. La asistencia monetaria se entrega a través del grupo bancario Equity Bank. El gobierno y el Banco Central permitieron a las personas refugiadas un acceso real a cuentas bancarias personales con la identificación de refugio. Las personas ya tienen cuentas bancarias y tarjetas de débito, lo cual es un primer paso importante hacia la inclusión financiera.

El Banco Central emitió una circular que fomenta el uso de medios digitales y pagos que permiten a las personas refugiadas tener acceso al dinero móvil. ACNUR trabajó en estrecha colaboración con el proveedor de servicios para integrar los números de teléfono en su base de datos. Además, ACNUR también trabajó con el gobierno para garantizar la disponibilidad de liquidez en los campamentos, ya que el gobierno había impuesto restricciones sobre el número de transacciones diarias, las cuales fueron suspendidas temporalmente para que el dinero pudiera canalizarse de manera oportuna en los campamentos.

Para más información sobre las prácticas de campo emergentes en respuesta al COVID-19 (documentos en inglés):

UNHCR Cash Assistance and COVID 19: Emerging Field Practices I

UNHCR Cash Assistance and COVID 19: Emerging Field Practices II

 

Protección social sensible a la crisis en Colombia

La situación de la COVID-19 ha agregado una capa de complejidad para Colombia que ha sido fuertemente impactada por los flujos migratorios provenientes de Venezuela, alcanzando proporciones sin precedentes. Más de 5.3 millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos tres años, duplicando el éxodo sirio en términos de magnitud e intensidad a pesar de no tener un conflicto armado. La mayoría de las personas venezolanas están llegando a Colombia, lo que ha aumentado la población del país en un 4.5% y con perspectivas mínimas de regreso a Venezuela.

Colombia está recibiendo flujos migratorios mixtos: de destino, retorno, migración circular y de tránsito. Hay 1,8 millones de personas venezolanas con la intención de permanecer y 1,5 millones en tránsito hacia otros países. Colombia ha emitido permisos temporales a más de 780,000 migrantes en dos años y ha trabajado para mejorar las capacidades de su autoridad de migración - Migración Colombia. También ha otorgado la nacionalidad plena a 43,000 recién nacidos de padres venezolanos en Colombia y a quienes se les había negado el reconocimiento de ciudadanía venezolana, enfrentando el riesgo de apatridia. Se establecieron nuevos mecanismos de regularización para otorgar permisos a las personas migrantes irregulares que obtuvieron ofertas de trabajo.

Colombia anticipa que es poco probable que este éxodo migratorio cambie a mediano y largo plazo, y su gobierno ha estado trabajando para responder desde el nexo entre el desarrollo humanitario y la integración de las personas migrantes en el sistema de protección social existente. Colombia había estado trabajando hacia un enfoque a largo plazo para una agenda política que incluye la provisión de servicios básicos, protección, integración económica y cohesión social.

Nuevos retos han surgido durante la pandemia de COVID-19 y el gobierno colombiano ha estado trabajando en adaptar su respuesta en las siguientes áreas:

  • Manejo de fronteras: A partir del cierre desde el 14 de marzo, el gobierno ha habilitado un corredor humanitario para la atención a personas con necesidades específicas, incluyendo la operación coordinada para migrantes que retornan
  • Acceso a salud garantizado: La provisión de servicios de salud vinculados a la COVID-19 es la misma para personas migrantes que para colombianas
  • Estatus legal: La autoridad migratoria suspendió la expiración de los permisos temporales para las personas migrantes venezolanas durante la cuarentena
  • Asistencia rápida: Asistencia alimentaria a más de 200 mil migrantes en situación de vulnerabilidad independiente de su estatus migratorio

 

Colombia también ha estado trabajando para ajustar la respuesta de la comunidad internacional en el país con una estrecha coordinación con las agencias de la ONU y de las organizaciones de sociedad civil locales, cambiando prioridades en varios componentes de la acción humanitaria para que todas las personas migrantes tengan acceso a los paquetes de ayuda que les ayude a hacer frente a las restricciones económicas que han surgido por las medidas de confinamiento.

Uno de los programas clave de Colombia es Ingreso Solidario, un programa de transferencia monetaria incondicional para aliviar los efectos económicos de la pandemia dirigida a hogares pobres extremos y pobres no incluidos en otros programas de transferencia de efectivo o que no se consideran altamente vulnerables (más de 3 millones de hogares elegibles). Desde su inicio en 25 de marzo, más de 1.7 millones de personas han recibido pagos, incluidos 17.320 migrantes de Venezuela.

 

Intervención conjunta en curso del Gobierno de Colombia y PMA

Colombia tiene un fuerte sistema de protección social para combatir la pobreza, con grandes programas de transferencias monetarios condicionales. PMA está trabajando para complementar la respuesta del Gobierno de Colombia y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de protección social.

 

Programas como Familias en Acción no cubren a todas las familias pobres ni migrantes. SISBEN es una encuesta para evaluar el nivel de ingresos de los más vulnerables y sirve como mecanismo de focalización. Es necesario registrarse en SISBEN para acceder a los programas sociales.

La intervención del PMA se encuentra en el distrito fronterizo de Arauca debido a su compleja situación de seguridad y desafiantes indicadores socioeconómicos. El PMA utiliza una respuesta de respaldo con el uso del registro oficial para acceder a los registros de hogares pobres, incluyendo a las personas migrantes regulares con permisos especiales para proceder con los pagos, mientras actualiza la información de las personas migrantes en la base de datos. Los registros son importantes en la protección social ya que un registro social sólido y un sistema de información actualizado permite llegar a las personas en momentos de crisis.

Los enfoques del PMA que complementan la respuesta del gobierno incluyen apoyos en especie: el PMA brindó apoyo financiero para que el gobierno pudiera entregar kits de alimentos a personas en zonas de difícil acceso, personas adultas mayores de edad (+70), personas con discapacidad y migrantes irregulares. Esta intervención también tiene consideraciones de género como un enfoque transversal e incluye un componente de evaluación para fortalecer las respuestas del sistema de protección social.

 

El webinario concluyó con una enriquecedora sesión de preguntas y respuestas, accesible aquí. También puede unirse al debate de preguntas y respuestas aquí.

 

 

Social Protection Programmes: 
  • Social assistance
    • Social transfers
      • Cash transfers
        • Unconditional cash transfers
Social Protection Topics: 
  • Benefits payment/delivery
  • Programme design and implementation
  • Social protection systems
Cross-Cutting Areas: 
  • Disasters and crisis
    • Humanitarian crisis
  • Health
    • Health - General
  • Risk and vulnerability
  • Social inclusion
Countries: 
  • Morocco
  • Rwanda
  • Colombia
  • Pakistan
Regions: 
  • Latin America & Caribbean
  • Middle East & North Africa
  • South Asia
  • Sub-Saharan Africa
The views presented here are the author's and not socialprotection.org's