La situación de vulnerabilidad es mayor para trabajadores migrantes durante una crisis, como se puede observar con la pérdida de empleo y salarios en esta pandemia de COVID-19. La suspensión de todos los negocios no esenciales ha puesto fin a muchas de las opciones de empleo y fuentes de ingresos disponibles para las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. La incapacidad de pagar una vivienda o de acceder a un albergue ha expuesto a las personas migrantes y solicitantes de asilo a una serie de vulnerabilidades, lo que pone de relieve la necesidad de redes de protección social que puedan fortalecer la capacidad de adaptación.

En el seminario web "Migrantes y COVID-19 - Prácticas emergentes" que se llevó a cabo el 30 de junio, escuchamos de expertos de las regiones de América Latina y del sur de Asia trabajando en prácticas de campo innovadoras para promover la inclusión y ampliar la cobertura en la asistencia social y asegurar opciones de medios de vida para las personas migrantes y sus familias. Esta sesión se centró en la migración laboral: las personas migrantes, particularmente en trabajos con salarios más bajos y en el sector informal, son propensas a los mismos riesgos de salud que son expuestas las poblaciones de acogida, pero a la misma vez enfrentan vulnerabilidades particulares debido a su condición de movilidad.

La discusión fue moderada por Nancy Landa, Asesora Técnica del proyecto piloto en México, Capacidades para la (Re)integración (Skills for Reintegration), y fue acompañada por los siguientes ponentes: Gabriela Benítez, de World Vision en Ecuador; Rajeev Ahal de Manejo de Recursos Naturales y Agroecología en GIZ India; y Virginia Negro del Programa Regional Mesoamérica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

 

La grabación del seminario web está disponible aquí (interpretación al español).

 

Prácticas emergentes de World Vision

Contexto de país: en marzo del 2020, Ecuador declaró una emergencia sanitaria y un estado de excepción nacional para mitigar la propagación del virus, incluyendo suspensión de actividades presenciales y todo tipo de eventos públicos; suspensión del sistema educativo nacional; suspensión del transporte público y restricción de vehículos; cierre de fronteras y aeropuertos; y toque de queda para restringir el movimiento interno de las personas y promover el encierro.

Con alrededor de 17 millones de habitantes, Ecuador es uno de los países más afectados de Latinoamérica por la COVID-19. Según las cifras del Ministerio de Salud, al 29 de junio, hay 55,665 casos confirmados y 4,502 muertes. Además, Ecuador es el país latinoamericano con la tasa de mortalidad más alta por cada millón de habitantes, ubicándose por delante de Brasil, que tiene una población 12 veces mayor.

A partir de mayo, Ecuador relajó las medidas de confinamiento y comenzó la transición de la fase de "aislamiento" a la fase de "distanciamiento social" como una estrategia para la reactivación de los sectores productivos. Sin embargo, la economía se ha visto afectada ya que alrededor de 84% de las empresas han reportado una disminución en las ventas, el 35,3% redujo su nómina y el 70% no ha generado ingresos durante el período de restricciones. Además de los efectos de la pandemia, hubo una parálisis en el sector petrolero del país debido a la ruptura de dos oleoductos, así como el colapso de los precios del petróleo y la caída de los precios de otros productos clave de exportación que han generado un mayor aumento problemas fiscales y de liquidez

El Gobierno del Ecuador implementa proyectos de protección social para ayudar a las familias más vulnerables. En los meses de abril, mayo y junio, el gobierno entregó bonos de contingencia a 950,000 familias ecuatorianas, especialmente a aquellas que dependen de actividades económicas informales. Esto se hizo en dos fases. La primera incluye un bono de contingencia de $60 dólares por dos meses seguido de un Bono de Protección Familiar de $120 dólares por un mes.

Antes de la pandemia, la movilización a nivel nacional en respuesta a las medidas económicas del gobierno impactó fuertemente el componente social y económica del país.  Las familias y las personas migrantes se vieron afectadas y su condición empeoró durante la pandemia de tres maneras específicas:

  • Familias en situaciones de mayor vulnerabilidad debido a la emergencia de salud, expuestas al abuso y la explotación, la inseguridad alimentaria y el acceso limitado a los servicios de salud. Las familias venezolanas no tenían acceso a los programas destinados a las familias ecuatorianas implementados por el gobierno (canasta de alimentos y bonos de emergencia).
  • Niñez en situaciones de movilidad humana no tienen garantizado el acceso a la educación, particularmente con la suspensión de clases y la transición a la modalidad virtual, ya que la conectividad se ha vuelto esencial para continuar con su educación. Las niñas y niños salen a la calle con sus padres a vender comida.
  • Aumento de la discriminación/xenofobia, ya que las personas migrantes perciben un mayor riesgo de propagación del virus. Según la OIM, antes de la pandemia, el 55% de la población venezolana se sentía discriminada y durante la pandemia número aumentó.

World Vision tiene un conjunto de intervenciones diversas para ayudar a estas familias. Desde que comenzó la emergencia de salud, World Vision en Ecuador ha implementado intervenciones basadas en cash en los siguientes sectores:

  • Seguridad alimentaria - Fondos propios, financiamiento del Programa Mundial de Alimentos
  • WASH - Fondos propios (asistencia en especie vía tarjetas y capacitaciones empleadas con higiene de manos adecuada)
  • Salud - Fondos propios
  • Cash multipropósito - Fondos privados, priorizando las necesidades más importantes y toma de decisión en dónde invertir lo que reciben)
  • Cash para la reactivación económica, medios de vida, microemprendimientos – un componente que es requerido en esta etapa de la pandemia.

La intervención con relación a la reactivación económica se ha implementado mediante la formación de grupos de ahorro y asociaciones productivas, brindando resultados positivos e incorporando a las comunidades de acogida y de migrantes. Además, también contribuye a la reducción de las tensiones existentes y facilita el proceso de inclusión.

Esta crisis ha impulsado a las organizaciones de sociedad civil a repensar su trabajo, por ejemplo, en el intercambio de información a través de medios virtuales, como WhatsApp y el uso del Internet, porque no pueden realizar muchas de sus actividades presenciales. La coordinación es importante entre las ONG locales, las agencias internacionales y los gobiernos locales para garantizar el acceso a todos los servicios.

Migrantes y COVID-19 en India: cooperación indo-alemana

Se han detectado más de medio millón de casos positivos en India con 280,000 recuperaciones. Las muertes están en el extremo inferior, pero están aumentando rápidamente. Ningún estado se ha salvado, pero hay niveles diferenciados de impacto.

  • 8 de cada 10 hogares indios perdieron ingresos
  • La clase media baja fue la más afectada, ya que dependía de fuentes de ingresos más afectadas por el confinamiento
  • Las zonas rurales experimentan más afectaciones que las urbanas.

El desempleo y la participación en la fuerza de trabajo han disminuido desde marzo, pero recientemente se ha recuperado. Muestra que están surgiendo oportunidades a medida que se crean otras formas de empleo. Según el Censo (2011), hay 453,6 millones de migrantes en India con un crecimiento anual de 4,5%. Generalmente, las mujeres emigran para casarse y los hombres para trabajar.

Las personas migrantes provenientes den zonas con escasez de agua – sin tierras o con tienen tierras marginales - analfabetas y trabajadores no calificados y que migran a corto plazo o en temporadas han sido las más afectados por la COVID-19 ya que dependen de un sueldo diario para vivir. Un tercio de las personas migrantes en el sector de la construcción han perdido sus ingresos y no han podido volver a la normalidad. La pandemia ha desplazado a la población migrante a medida que regresan a sus comunidades de origen, retornando a zonas rurales y creando nuevas presiones en áreas que previamente habían abandonado debido a la falta de oportunidades.

Para responder a la crisis de la COVID-19, el gobierno de India adoptó medidas de alivio, incluida la expansión de los programas de protección social existentes:

  • Atmanirbhar Bharat Abhiyan (India autosuficiente)

Se agregaron €4.8 millones de euros adicionales al programa de protección social (programa MGNREGA), asignados en ayuda en efectivo mensual, apoyo directo a los ingresos y préstamos sin garantía para microemprendimientos, pequeñas y medianas empresas. Existen transferencias específicas de beneficios directos a mujeres, agricultores y personas mayores de edad.

Garib Kalyan Rozgar Abhiyan (Plan de bienestar del Eempleo para personas en situación de pobreza) para aumentar oportunidades de empleo y medios de vida para los trabajadores migrantes que regresan a las aldeas, a raíz del brote de COVID-19.

  • Mahatma Gandhi NREGA – programa de protección social más grande del mundo.

MGNREGA es una ley para garantizar la mejora de la seguridad de los medios de vida de los hogares en las zonas rurales del país al brindar al menos 100 días de empleo asalariado garantizado en cada año financiero a cada hogar cuyos miembros adultos son voluntarios de trabajos manuales no calificados. Este programa tiene una amplia cobertura, llegando a 138 millones de familias. El 55% del trabajo generado es realizado por mujeres y el 20% por comunidades tribales y marginadas.

Durante la pandemia, MGNREGA continúa operando con el distanciamiento social. Ahora, el enfoque es la seguridad de los medios de vida y la creación de infraestructura, incluidas las obras de conservación del agua, anticipando situaciones de sequía. Además, la tasa salarial diaria promedio aumentó de Rs 182 (€2,20) a Rs 202 (€2,44) el año pasado. Aunque hay un proceso largo y probado para inscribir personas, se han realizado excepciones para que las personas puedan solicitar trabajo fácilmente.

 

  • Garib Kalyan Rozgar Abhiyan del PM es un nuevo programa en respuesta a la COVID-19 lanzado el 20 de junio sobre empleo para las personas en situación de pobreza.

El programa se enfoca en 116 distritos dentro de seis estados, donde se espera que el número las personas migrantes retornadas sea de los más altos, para crear infraestructura duradera y proporcionar instalaciones modernas dado que parte de las empresas y los servicios sociales laborales serán impulsados ​​por el crecimiento del Internet. El programa está dirigido por el Ministerio de Desarrollo Rural y es un esfuerzo convergente entre 12 ministerios/departamentos diferentes a nivel nacional para una entrega más rápida que responda a los problemas que las personas migrantes retornadas enfrentarán en las aldeas.

  • Apoyo e innovación de la cooperación indo-alemana, dirigida para apoyar a las respuestas ante la COVID-19.

El regreso de las personas migrantes a zonas rurales está aumentando la presión en la agricultura y los recursos hídricos. Para evitar crisis adicionales, el programa de Seguridad del Agua y Adaptación al Clima en las zonas rurales de la GIZ está implementando medidas para garantizar la seguridad del agua y la adaptación al clima en zonas rurales de India.

Este tipo de intervenciones continúan abordando las necesidades que se han identificado antes de la pandemia y, como el contexto de India presenta, las respuestas deben buscar formas de fortalecer rápidamente los medios de vida cuando las cadenas de suministro se ven afectadas. Mejorar la preparación y resiliencia ante desastres en las zonas rurales es una forma de avanzar en la creación de un sistema integral de protección social.

 

Migración laboral durante tiempos de crisis

La OIM amplió la discusión sobre la importancia de enfatizar no solo la vulnerabilidad de las personas en movilidad, sino también de las personas obligadas a regresar a sus países de origen. Decenas de millones de trabajadores migrantes, obligados a regresar a sus hogares debido a la pandemia de la COVID-19 después de perder sus empleos, enfrentan desempleo y pobreza en sus países de origen.

Mientras las medidas de contención disminuyen, millones de trabajadores migrantes requieran regresar a sus países de bajos y medianos ingresos donde los mercados laborales, que ya eran frágiles antes del brote de la COVID-19, se debilitan aún más por la presión adicional de los altos niveles de desempleo y graves perturbaciones comerciales. Además, sus familias sufrirán financieramente por la pérdida de las remesas que normalmente enviaban.

Se estima que hay 164 millones de trabajadores migrantes en todo el mundo, casi la mitad de ellos son mujeres, lo que representa el 4,7% de la fuerza de trabajo mundial. Si bien no todos los trabajadores regresarán a sus comunidades de origen, después de perder sus empleos o por otras razones, la investigación de la OIT en más de 20 países indica que se espera que millones lo hagan. La mayoría de sus países de origen tienen un alcance muy limitado para reintegrar un número tan grande, y a menudo no cuentan con políticas y sistemas para garantizar una gobernanza efectiva de migración laboral ni con planes de reintegración, incluidos el desarrollo y reconocimiento de habilidades.

Como parte de la asistencia para la reintegración, es fundamental desarrollar esquemas de apoyo alternativos. Por ejemplo, en algunos países la OIM planea utilizar la asistencia de reintegración para proporcionar subsidios en efectivo a las personas retornadas durante tres meses. La inclusión financiera es una política clave para complementar los esfuerzos para mejorar la participación económica, antes y durante una crisis económica de esta magnitud, como se destaca en el caso de Ecuador.

El trabajo que queda es mejorar las políticas de protección a los trabajadores migrantes en países de acogida, que a menudo trabajan en industrias esenciales, y que las personas migrantes retornadas se conviertan en un recurso para la recuperación económica en sus países de origen. Algunas debilidades de las políticas públicas que presentan desafíos para la implementación de medidas para proteger a las personas migrantes incluyen lagunas en los acuerdos de integración regional y la participación insuficiente de los trabajadores migrantes en los procesos de sindicalización y negociación. Aunque muchos países han implementado medidas de protección social a corto plazo para apoyar a los trabajadores migrantes, aquellos con sistemas de protección social más fuertes pueden mejorar su respuesta ante la crisis de la COVID-19. Por ejemplo, los países pueden ampliar el alcance de los esquemas contributivos y no contributivos, tales como beneficios de desempleo y de enfermedad para los trabajadores migrantes, incluidos aquellos en la economía informal o en situación irregular. Además, facilitar los procedimientos administrativos y los criterios de elegibilidad (como la duración del empleo, la duración de la estadía o el período mínimo de contribución) mejorará el acceso.

La clave para liberar este potencial es el acceso a la protección social, así como el establecimiento de sistemas de retorno y reintegración ordenados y basados ​​en derechos, con un reconocimiento de habilidades adecuado que facilite una mejor coincidencia de trabajo y habilidades, y aumentando la productividad para las industrias nacionales. Los trabajadores migrantes pueden aportar conocimientos y capital que pueden reforzar la economía tanto de sus países de origen como de su país de acogida.

 

El webinario concluyó con una enriquecedora sesión de preguntas y respuestas, accesible aquí. También puede unirse al debate de preguntas y respuestas aquí.

 

Esta entrada del blog forma parte de la serie de webinarios «Respuestas de protección social al COVID-19». La serie es un esfuerzo conjunto iniciado por IPC-IG, GIZ y DFAT en colaboración con la plataforma socialprotection.org y con la cooperación de socios de diferentes organizaciones.

Únase a nuestra comunidad en línea «Respuestas de protección social al COVID-19 [grupo de trabajo]» para aprender más acerca de la iniciativa y de los futuros webinarios.

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