Estado de protección social de la infancia y la adolescencia en América Latina y el Caribe
El seminario virtual titulado ‘Estado de protección social de la infancia y la adolescencia en América Latina y el Caribe’, desarrollado el 5 de septiembre de 2019, fue organizado por la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe (LACRO), y tuvo como objetivo presentar los avances y retos de la protección social para la infancia y la adolescencia en la región. Como puntos clave presentados en este espacio, se destaca la persistencia de la concentración de la pobreza en la población infantil, la necesidad de abogar por intervenciones y esfuerzos tendientes al fortalecimiento de los sistemas de protección social con enfoque de ciclo de vida.
La sesión, moderada por Yohana Amaya Pinzón (Unidad de Política Social, UNICEF LACRO), contó en un primer momento con la presentación magistral de Fernando Filgueira (Investigador Principal del Programa de Protección Social de CIPPEC, Uruguay y Consultor Regional de UNICEF), y después hubo un espacio breve para preguntas y respuestas.
Puede ver la grabación del webinario aquí y acceder a la presentación aquí.
El desafío de la protección social de la infancia y adolescencia en América Latina
La presentación inició con la socialización de algunos conceptos básicos de la protección social en la infancia. Para UNICEF, la protección social es promovida como un instrumento fundamental para el fortalecimiento de la capacidad de las familias que les permita velar por sus hijos, así como la eliminación de barreras de acceso a los servicios y programas de los sectores más vulnerables. Se resaltó el doble impacto que tiene la protección social que, por un lado, atiende de forma directa de los niños, niñas y adolescentes, mientras que por otro lado, interviene en la atención de las familias a la que ellos pertenecen.
Cuatro elementos fueron definidos como los ejes centrales del abordaje sistémico de la protección social con enfoque de infancia:
- Combate la pobreza y sus efectos
- Aseguramiento de las familias y niños frente a choques exógenos y biográficos
- Acceso a servicios e infraestructuras básicas
- Combate todas las formas de discriminación, abandono y explotación de la infancia, niñez y adolescencia.
La protección social, en general, no puede ser considerada solamente como un sector de la política social, sino también como una función que procure combatir las situaciones de pobreza en todos sectores, siendo transversal a todas las áreas de la política pública. En este sentido, la construcción de un Sistema de Protección Social para Niños, Niñas y Adolescentes es el resultado de la intersectorialidad en un marco integrado y estratégico que maximice esta función de protección.
El diagnóstico realizado para la región se basó en cinco estrategias metodológicas que se complementan:
- Recopilación y análisis de evidencia cuantitativa secundaria comparada con base en CEPALSTAT, Banco Mundial, UNICEF, BID y otras fuentes, refiriéndose a aspectos de resultados, políticas y programas en el campo de la infancia.
- Consolidación y análisis de reportes internacionales sobre protección social y situación social de la región.
- Visitas de campo a dos países de la región (Colombia y Argentina) con entrevistas a oficiales de UNICEF y referentes de gobiernos y otras agencias multilaterales.
- Entrevistas a referentes regionales en agencias multilaterales en materia de protección social y especial de la infancia, niñez y adolescencia.
- Construcción de un índice de riesgo con tres expresiones por cortes etarios (0-5 años, 6-12 años, 13 a 18 años).
La importancia de la inversión en la infancia y adolescencia: contexto, evidencia y teoría
Las políticas públicas para infancia y adolescencia se pueden medir de diversas maneras, pero una forma fundamental y eficiente de hacerlo es analizando los montos de los fondos transferidos o invertidos para cada área. Sin embargo, el espacio fiscal disponible para los países de la región se ha ido constriñendo en los últimos años, convirtiéndose en un campo de disputas para la financiación de los distintos programas gubernamentales.
En ese sentido, uno de los papeles de UNICEF en la región, como socio de los Estados nacionales en el objetivo del diseño de la protección social de la infancia y la adolescencia, es el de construir un esfuerzo de diálogo político para la construcción de los espacios fiscales necesarios para su financiación. Además de los argumentos basados en los derechos humanos de esta población, se tiene evidencia de sus beneficios en materia de productividad y en el combate de la desigualdad cuando se invierte en los primeros años de vida.
En lo que respecta al gasto público, aunque se observa una fluctuación de la inversión en los países de la región, un menor gasto en infancia se asocia con una mayor tasa de pobreza infantil, como demuestran los gráficos de abajo. Asimismo, la mayor diminución de la desigualdad, representada por la caída del índice de Gini, ocurre en los países que tienen un mayor gasto en infancia y familias.
Por otro lado, en un contexto de creciente envejecimiento de la población, el desafío de la construcción de iniciativas direccionadas a la protección de la infancia será todavía más complejo.
A pesar de esta situación, es importante mencionar que la región presenta hoy un compromiso financiero con el gasto social notoriamente superior al de hace algunos años, pues ha pasado de poco más del 10% del PIB en el año 2000, a un poco más del 14% del PIB en el año 2015.
Las claves de la infantilización de la pobreza en la región: demografía bifurcada, desigualdad y desprotección social
La estratificación de la fecundidad entre mujeres según su nivel de educación fortalece una desigualdad fundamental en el establecimiento de un espacio propicio para el desarrollo infantil, particularmente al considerar las dificultades de acceso al mercado laboral existentes para las mujeres con menor educación.
Con relación a la cobertura de los programas de seguridad social en la región, el porcentaje de menores de 14 años en hogares sin cobertura contributiva y sin cobertura alguna, es decir, sin recibir ningún tipo de apoyo monetario, es sumamente elevado. El grafico de abajo, categorizado por quintiles de ingreso, ofrece una imagen más clara:
Gráfica. Porcentaje de menores de 14 años en hogares sin cobertura contributiva y sin cobertura alguna por quintiles de ingreso seleccionados
Fuente: Elaboración propia en base a Rossel, 2011 y 2012
Sin embargo, la cobertura de seguridad social varía considerablemente de un país a otro, como se muestra en la siguiente gráfica, que analiza las desigualdades mediante quintiles de ingresos:
Gráfica. Niños de 0 a 14 años en hogares sin cobertura de la seguridad social y sin cobertura alguna del quintil más pobre de ingresos
Fuente: Elaboración propia en base a Rossel, 2011 y 2012
La carga del financiamiento del consumo de niños y jóvenes puede ser asumida desde tres fuentes: el Estado, las familias o el trabajo propio en el caso de los mayores de edad. Para la Región de América latina y el Caribe, el consumo promedio de niños y jóvenes es asumido en gran medida (61,2%) por las familias, lo que genera un mayor factor de riesgo y vulnerabilidad en estratos socioeconómicos bajos, quienes, al no contar con coberturas o acceso a servicios básicos provistos por los Estados, deben cubrir desde sus ingresos, las necesidades de sus hijos. Por el contrario, en otros contextos como el Europeo o Asiático, el Estado es quien financia alrededor de un tercio de este consumo en necesidades básicas para niños y adolescentes.
Gráfico. Fuentes que financian el consumo promedio de niños, adolescentes y jóvenes entre 0 y 24 años
Fuente: Elaboración propia en base a National Transfer Accounts Project, 2017. http://www.ntaccounts.org/web/nta/show/Browse%20database. Los datos corresponden a último año disponible entre 2000 y 2015. América Latina exprese el promedio simple de los países para los que se cuenta con información: incluye a Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador y Perú.
Hacia un nuevo contrato social, de género y generacional
Para avanzar en dirección de un nuevo contrato social equitativo, es necesario desarrollar una institucionalidad adecuada y potente para la protección a la infancia, niñez y adolescencia que integre el escenario de políticas y programas de protección, actualmente fragmentado, y que permita perseguir tres objetivos simultáneos:
- Incremento del poder intraestatal para defender la fiscalidad de los programas de protección social de dicha población y sus familias.
- Coordinación interinstitucional, intersectorial y territorial que eviten las lagunas de cobertura, así como la superposición de políticas y programas.
- Sistemas de información integrados que permitan el monitoreo de las brechas, avances, esfuerzos y resultados de programas en forma interrelacionada.
En relación con las transferencias monetarias, se planteó la necesidad de que se avance hacia un programa universal de transferencias a familias o de asignación universal por hijo/a que elimine gradualmente las limitaciones por condicionalidades y requisitos. Una de las razones por las cuales los países nórdicos y europeos presentan niveles de pobreza infantil por debajo de la pobreza en general es porque sus sistemas de protección social están equipados con programas de asignaciones familiares universales, que son considerados como un derecho social, no solamente de los niños y niñas, sino también de sus familias.
