Ante la situación actual en la que aumentan con mayor rapidez los gobiernos que lideran estrategias de protección social, la cobertura de los más vulnerables ha sido un punto clave en los debates sobre todo en el ámbito de la protección social y de las transferencias en efectivo con fines humanitarios. Las personas forzadas a desplazarse, aunque se contemplen fundamentalmente como un caso “humanitario” no resuelto, disponen de diferentes marcos legales subyacentes (y de un conjunto de beneficios) con verdaderas consecuencias a la hora de acceder a diferentes sistemas de protección social.

Mientras que dos terceras partes de las poblaciones desplazadas de forma forzosa continúan en la misma situación, el webinario ¿Oportunidades (perdidas)? La COVID-19 como motor u obstáculo en la inclusión de personas forzadas a desplazarse a la hora de vincular la protección social y las transferencias en efectivo con fines humanitarios se llevó a cabo el día 18 de junio de 2020 y tuvo por objeto presentar una visión de conjunto de la inclusión en sistemas de protección social por medio de esfuerzos humanitarios y de desarrollo, donde la COVID-19 se ha considerado un motor adicional, un obstáculo o una apertura hacia nuevas oportunidades para la inclusión.

Los ponentes analizaron los casos de Mauritania, República del Congo y Brasil, exploraron los mecanismos de financiación y comenzaron a mirar al frente desde la asistencia social hasta las posibles intervenciones laborales en el mercado que utilizan el dinero en efectivo. En este evento, que se basa en el marco presentado en el webinario anterior del 16 de junio, se aportaron ejemplos de otras agencias y se exploró más a fondo los vínculos con los sistemas de protección social.

UNICEF, IFRC y DFID han organizado este evento, junto con la colaboración de ACNUR. Zehra Rizvi moderó el debate al cual asistieron como ponentes invitados Mamadou Dian Balde (UNHCR), Ferdila Ouattara (ACNUR República del Congo) y Thais Braga (AVSI Brasil).

                                                         

Puede ver la grabación completa y las diapositivas de la presentación.

 

Respuestas de protección social al COVID-19 para las personas forzadas a desplazarse

Mamadou empezó su presentación compartiendo una visión global de las personas forzadas a desplazarse. Los últimos datos de ACNUR indican que más del 1% de la humanidad se encuentra forzada a desplazarse y hay millones de personas que no pueden regresar a casa o integrarse localmente. Además, más de las tres cuartas partes de los refugiados están en una situación de desplazamiento a largo plazo. Por ende, garantizar la inclusión y la autosuficiencia de los desplazados internos es más crucial que nunca para que los países alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos de «No dejar a nadie atrás».

Los refugiados y los desplazados internos se están viendo afectados de forma desproporcionada por la pandemia COVID-19 tanto desde el punto de vista sanitario como por las repercusiones económicas. En América, por ejemplo, más del 80% de las personas atendidas en ACNUR viven en áreas urbanas y muchas han perdido sus trabajos debido al brote y a las medidas para contener la pandemia. Se han observado patrones similares en países y regiones que acogen a un gran número de refugiados como el Líbano, Jordania, África oriental y meridional. Con el fin de garantizar que los desplazados internos queden protegidos ante las consecuencias provocadas por la COVID-19, y que las respuestas a la crisis aceleren la inclusión de las personas forzadas a desplazarse, se han de adoptar tres medidas clave, basadas en los esfuerzos anteriores a la COVID, como la Declaración de Nueva York y el subservicio regional de la AIF-18 para los refugiados y las comunidades que los acogen del Banco Mundial:

  • Medida clave 1: Procesos flexibles de inscripción/registro para obtener acceso a beneficios. Por ejemplo, en Portugal y en varios otros países, los refugiados con documentación válida (p. ej. estatus de solicitante de asilo) ahora pueden acceder a los beneficios de protección social de forma temporal.
  • Medida clave 2: Asistencia social para satisfacer las necesidades básicas y reducir riesgos en materia protección. En Mauritania, el Gobierno ha ayudado proporcionando dos partidas de dinero en efectivo para las zonas de acogida de refugiados y ha contribuido en las zonas con inseguridad alimentaria. ACNUR cubrió las carencias al proporcionar ayuda adicional a alrededor de 2 500 hogares.
  • Medida clave 3: Medios de subsistencia y apoyo al mercado laboral para estimular los ingresos y la autosuficiencia. Por ejemplo, los refugiados que forman parte del programa MADE 51, el cual apoya y promueve los productos elaborados por refugiados, produjeron y suministraron mascarillas y jabón a las comunidades locales en Camerún.

Con estas medidas, los gobiernos pueden ayudar a convertir la crisis de la COVID-19 en una oportunidad para impulsar la inclusión de refugiados y desplazados internos.

 

Estudio de caso: República del Congo

Ferdila presentó el caso de cómo los refugiados podían ser incluidos en el programa de redes de seguridad de Lisungi en la República del Congo (RoC, por sus siglas en inglés). Comenzó aportando un poco de contexto: RoC ha estado acogiendo a refugiados de países vecinos desde los años setenta y, ya que muchos de ellos se han acabado asentando en el país y se ha reducido el apoyo de la comunidad internacional, surgió una fuerte necesidad de fortalecer las soluciones nacionales y locales para responder a las necesidades de los desplazados internos.

En 2016, ACNUR comenzó a trabajar con el Banco Mundial, como parte de la ayuda proporcionada a través del subservicio regional. Juntos identificaron Lisungi como un programa clave que puede proporcionar apoyo de forma concreta a poblaciones refugiadas y planearon expandirlo a la parte septentrional del país. La fase de preparación duró desde 2017 hasta 2019, con un plan para comenzar con la aplicación en 2020. Por desgracia, la pandemia ha pospuesto este proceso, pero Ferdila señaló que el Gobierno ya está respondiendo a la crisis al proveer ayuda con dinero en efectivo para emergencias a las comunidades afectadas, entre las cuales se incluyó de forma automática a las poblaciones de refugiados y de solicitantes de asilo, gracias al trabajo de preparación que se llevó a cabo en los últimos dos años. Sobre esta base, ACNUR continuará trabajando con el Gobierno y el Banco Mundial para ampliar el programa Lisungi de transferencias monetarias con el fin de mejorar las oportunidades de acceso a la educación, sanidad y medios de subsistencia para las comunidades de refugiados.

 

Estudio de caso: Brasil

A continuación de la presentación de Ferdila, Thais aportó su percepción basándose en la experiencia de AVSI en Brasil. AVSI ha sido socio de ACNUR desde 2018 para apoyar a la población de refugiados venezolanos en el estado de Roraima, en el norte de Brasil. A los pocos días de llegar a Brasil, a los refugiados se les proporciona la documentación que les da acceso a muchos de los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos (entre los cuales se incluye la protección social). Con la llegada de la COVID-19, el Gobierno ha ampliado los actuales programas de protección social, como por ejemplo Bolsa Familia que ya cubre a las poblaciones de refugiados, flexibilizando los requisitos de selección y haciendo aportaciones a los beneficiarios actuales y a los nuevos. Esto demuestra la gran importancia de los sistemas de protección social bien diseñados y con capacidad de respuesta a la hora de amortiguar el impacto de las crisis a gran escala en poblaciones vulnerables. Thais apuntó que AVIS, ACNUR y los socios abogan por la inclusión de refugiados y migrantes a través de la sensibilización de sus necesidades y situaciones, fomentando el acceso a la documentación y mejorando el acceso a las oportunidades laborales para protegerles de las repercusiones económicas a medio y largo plazo de la pandemia.

 

El webinario concluyó con una enriquecedora sesión de preguntas y respuestas, accesible aquí. También puede unirse al debate de preguntas y respuestas aquí.

 

Esta entrada del blog forma parte de la serie de webinarios Uniendo la protección social con el dinero en efectivo para fines humanitarios, la cual aúna los resúmenes de los webinarios organizados por IFRC, UNICEF y DFID sobre el tema. Para profundizar más sobre la materia, no olvide ver el webinario fundacional acerca de esta cuestión: Desmitificando los puertos de entrada en la ayuda humanitaria. Nos encantaría saber lo que piensa sobre el resumen de este webinario o sobre la serie completa de webinarios. Para ello, puede añadir sus comentarios en la parte inferior.

Se trata también de un webinario perteneciente a la serie de webinarios «Respuestas de protección social al COVID-19». La serie es un esfuerzo conjunto iniciado por IPC-IG, GIZ y DFAT en colaboración con la plataforma socialprotection.org y con la cooperación de socios de diferentes organizaciones. Únase a nuestra comunidad en línea «Respuestas de protección social al COVID-19 [grupo de trabajo]» para aprender más acerca de la iniciativa y de los futuros webinarios.

 

Traducido del inglés por Alba Angulo Plaza.

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