Enfoque de derechos y protección social en América Latina

En América Latina el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido producto de largas luchas por la reivindicación social que durante décadas se han suscitado en la región. Además del reciente aporte de nuevas corrientes de pensamiento que enfatizan en la construcción de ciudadanía. En este marco conceptual se destaca el Enfoque de Derechos, el cual plantea la plena titularidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de todos los ciudadanos independientemente de su condición. Esto significa su inclusión plena en la dinámica de desarrollo y disfrute del bienestar social, lo que implica una efectiva pertenencia a la sociedad, por lo tanto, la pobreza y la exclusión constituyen una vulneración de derechos y sobre todo de ciudadanía (Cecchini y otros 2015).

Por esta razón, los Estados democráticos contemporáneos deben ser garantes de derechos  y constructores de ciudadanía a través de la implementación de mecanismos que promuevan la inclusión. Este enfoque nace de un concepto social normativo y del reconocimiento de la igualdad en términos de titularidad que tiene todos los miembros de una sociedad (CEPAL, 2007). En contextos como los actuales donde los ciudadanos están cada vez más consciente de sus derechos y participa activamente en su defensa, es frecuente encontrar que las políticas sociales enfaticen en el reconocimiento de la ciudadanía, y lo incorporen en sus acciones, no solo por el reconocimiento perse del derecho, sino también por las implicaciones prácticas que tiene en la reducción de las desigualdades.

El desarrollo basado en la construcción de ciudadanía social conlleva, en particular, la decisión de una sociedad de vivir entre iguales, lo que no implica homogeneidad en las formas de vivir y pensar, sino una institucionalidad incluyente que asegura a todos la oportunidad de participar en los beneficios de la vida colectiva y en las decisiones que se toman respecto de cómo orientarla (Cecchini y otros 2015).

 

Derechos, construcción de ciudadanía y protección social

En este sentido, el enfoque de derechos está lejos de una concepción igualitaria de ciudadanía, al contrario el reconoce las diferencias individuales en la sociedad y propone mecanismos que permiten reducir las desigualdades sociales y promover la equidad. Para ello, se requiere de un Estado garante de derechos con vocación redistributiva ejercida a través de políticas universales con umbrales cada vez más progresivos en las prestaciones que contemplen una atención focalizada a las necesidades de los diferentes grupos sociales.

Según la CEPAL (2006), el enfoque de derechos en la protección social supone que las políticas públicas destinadas para tal fin, deben tener por objeto facilitar un mayor disfrute de los derechos a toda la población, basándose en los principios de los derechos humanos consagrados en constituciones, leyes y tratados internacionales. Por ello, vivir protegidos no es solo una conquista social o un logro de los gobiernos; es un imperativo para toda la ciudadanía. Esto impone desafíos a las políticas del Estado, las cuales deben crear mecanismos que permitan lograr su realización concreta para que los derechos no se tornen ilusorios, esto involucra el vínculo entre la voluntad política y el otorgamiento de garantías jurídicas, institucionales y financieras explicativas.

En cuanto a las características del Enfoque de Derechos, encontramos que este no es rígido, ni es prescriptivo, tampoco es una receta aplicable a todos los contextos, él ofrece una orientación general para la discusión pública y el debate político y brinda un marco conceptual para la planificación de la políticas públicas que pone en relieve las acciones prioritarias que el Estado tiene el deber de realizar en función de los tratados de derechos humanos y sus constituciones (IPPDH, 2014). Esto obliga a los Estados a instrumentar los derechos y materializarlos en acciones concretas. Para ello, debe contar con una estructura legal y administrativa adecuada, pues su sostenibilidad depende de la existencia de un marco legal que velen por su cumplimiento y normas claras que estipulen cuales instituciones son las encargadas de su desarrollo, para esto la voluntad política no es suficiente, ya que se debe considerar los desafíos del debate legal y la estructura administrativa en cada país. 

 

Aplicabilidad del enfoque de derechos en la protección social

De la misma manera, el diseño técnico debe prever la estrategia comunicacional y administrativa que posibilite su realización, al igual que los costos de postergación, especialmente en cuanto a la pérdida de oportunidades que la demora impone a la población, especialmente a los grupos más vulnerables. Es por ello, que en materia de derechos se recomienda no postergar las acciones y comenzar con pequeños pasos que progresivamente se vayan acrecentando para aprovechar las oportunidades presentes y ganar espacios políticos y sociales que faciliten la concreción del derecho.

Según Abramovich (2006) y Cecchini y otros (2015), las políticas de protección social basadas en el enfoque de derechos tienen los siguientes principios esenciales:

  1. Igualdad y no discriminación: implica la implementación por parte del Estado de medidas para lograr la igualdad sustantiva, las cuales deben incidir en las condiciones estructurales que producen las desigualdades sociales, esto conlleva a la ampliación progresiva de la cobertura de la protección social.
  2. Integralidad: entendida como interdependencia e indivisibilidad, esto lo hace un enfoque integral de políticas públicas. Donde la fragmentación y falta de coordinación entre actores y niveles de gobierno aumenta la probabilidad de fracaso en la aplicación de las políticas y vulnera los derechos.
  3. Institucionalidad: se considera una expresión del compromiso de los Estados en la implementación de las políticas de protección social. Por ello, la existencia de un marco jurídico e institucional es vital para la expresión formal de las intenciones del Estado y para la materialización del derecho.
  4. Participación: es vital para la garantía de los derechos, especialmente para incidir en el proceso de transformación de las dinámicas de poder que exige la promoción y defensa de los derechos humanos. A diferencia de otras áreas puramente técnicas, la protección social basada en los derechos necesita de la participación activa de los actores involucrados con el fin de ver materializadas sus exigencias.
  5. Transparencia y acceso a la información: ambas están estrechamente vinculadas a la difusión de las acciones del Estado y al derecho que tiene los ciudadanos de estar informados y participar. Por ello, el enfoque de derechos plantea la necesidad de que las políticas de protección social sean transparentes y prevean de mecanismos adecuados de acceso a la información para evitar la corrupción e ineficiencia.
  6. Rendición de Cuentas: la rendición de cuenta y el establecimiento de mecanismo efectivos para el control y evaluación de las políticas es reflejo de una buena calidad institucional. Por esta razón, la rendición de cuentas en la protección social permite su comprensión en términos de derechos y evita su uso como un mecanismo de clientelismo.

 

En resumen, estas características del enfoque de derecho lo convierten en un instrumento muy útil en la reducción de las desigualdades sociales, la construcción de ciudadanía y el establecimiento de políticas de protección social más inclusivas. Pero a pesar de ello, su aplicación presenta grandes desafíos y uno de los problemas más frecuentes es la “materialización del derecho”. Es decir, convertir sus postulados en acciones concretas (tangibles y medibles), esto impone a los países la necesidad de implementar estructuras jurídicas y administrativas eficientes responsables del desarrollo progresivo del derecho, además de establecer estándares e indicadores que puedan dar cuentan de los avances

Al respecto, la región presenta obstáculos importantes a considerar, especialmente en la actualidad donde persisten la desprotección del empleo, la pobreza y formas de explotación que afectan a gran parte de la población. En relación a esto, el aspecto fiscal es básico y evidencia la voluntad del Estado en la concreción del derecho, esto va más allá de la asignación de recursos, implica el establecimiento de mecanismos para el control que permitan la sostenibilidad y el logro de metas a largo plazo. Por ello, la factibilidad técnica y financiera de los sistemas de protección social basados en el enfoque de derechos es muy importante, ella requiere de indicadores que puedan evaluar la progresividad en la realización del derecho y los riesgos y amenazas para su sostenibilidad.

 

Referencias

Abramovich, Víctor (2006). “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo”, Revista de la CEPAL, Nº 88 (LC/G.2289-P), Santiago de Chile: CEPAL.

Cecchini, Simone, Filgueira Fernando, Martínez Rodrigo y Rossel Cecilia (eds.), (2015). Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización, Libros de la CEPAL, Nº 136 (LC/G.2644-P). Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en http://www.cepal.org/es/publicaciones/38821-instrumentos-proteccion-soci....

CEPAL (Comisión para el Desarrollo de América Latina), (2007). Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, (LC/G.2335). Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en http://www.cepal.org/es/publicaciones/2812-cohesion-social-inclusion-y-s....

_____ (2006). La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad, (LC/G.2294 (SES.31/3). Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en http://www.cepal.org/es/publicaciones/2806-la-proteccion-social-cara-al-....

IPPDH (Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR), (2014). “Ganar derechos. Lineamientos para la formulación de políticas públicas basadas en derechos”, Serie Documentos de Trabajo, Nº 2, Montevideo: MERCOSUR.

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