Política social, derechos y protección social del nuevo milenio en América Latina

 

El nuevo milenio se inicia en las Américas con la convergencia de una serie de factores económicos, políticos y sociales que han contribuido a delinear un nuevo panorama social y que han marcado un nuevo rumbo para las políticas sociales de la región. La principal diferencia de estas nuevas políticas en comparación con aquellas de décadas precedentes, es su orientación a la reducción de la pobreza, las desigualdades sociales, la garantía de los derechos y la construcción de ciudadanía en un nuevo marco de equidad social más amplio e inclusivo.

 

Se entiende a la política social como una disciplina que estudia y actúa sobre los efectos del desarrollo desigual de las sociedades modernas. Según Aponte (2012), la política social adquirió relevancia desde el siglo XX, y sobre todo, durante la segunda mitad, cuando en asociación con el desarrollo de los Estados Sociales de Derecho, se configura como el conjunto de áreas sectoriales (educación, salud, seguridad social, etc). De atención a grupos poblacionales específicos en función de su grado de vulnerabilidad, como: necesidades básicas insatisfechas (pobreza); género (mujeres); culturales (indígenas); etarias (infancia, juventud y vejez) o discapacidad, entre otros. La atención a estos grupos da lugar a la existencia de una sub-categoría denominada protección social.

Según Maingon (2006), las políticas sociales, se definen como un conjunto de instrumentos a disposición del Estado para orientar sus acciones, producto de una dinámica de tensiones y soluciones políticas originadas en una sociedad y en un contexto histórico determinado, donde participan actores sociales y se le confiere un papel al Estado para intervenir en los asuntos de la vida social y económica.

El elemento más representativo de las políticas sociales es el objetivo de la universalidad y la noción fundamental del derecho que tienen todos los miembros de una sociedad a la existencia y la calidad de la misma, independientemente de sus atributos diferenciales, como: sexo, raza, etnia, cultura y condición socioeconómica. En este sentido, las políticas sociales vienen a potencializar el desarrollo equitativo en una sociedad y ellas tienen tres objetivos: crear condiciones, proteger del riesgo y potencializar el desarrollo de las capacidades autónomas en los individuos para contribuir a su avance en colectivo.

En particular, la protección social conforma una parte de la política social que busca contribuir a la plena realización de los derechos económicos y sociales, reconocidos por una serie de instrumentos legales nacionales e internacionales, (donde destaca la Resolución 202 de la OIT). En ellos, se recoge el derecho a la seguridad social, el trabajo y la protección de niveles de vida adecuados para todos. Por lo tanto, se considera a la protección social una parte fundamental de la política social, y a su vez, pieza esencial de los regímenes de bienestar, que contemplan tanto la acción estatal como la operación de los mercados, las familias y las organizaciones sociales (Cecchini y otros, 2015). 

 

Política social y derechos en la América Latina del siglo XXI

Como vemos, la política social tiene un rol importante en la acción de gobierno, especialmente en sociedades como la latinoamericana, caracteriza por su gran desigualdad. En este sentido, el nuevo milenio se inicia en la región, con políticas sociales más universalistas. En contraste con las políticas sociales implementadas en las décadas de los 80’s y 90’s, las cuales eran focalizadas, residuales y compensatorias, siendo un correlato explícito de la política económica, cuyo objetivo era compensar sus efectos “colaterales” y minimizar el conflicto social. Este tipo de política constituyo una respuesta totalmente equivocada a la realidad social latinoamericana y las demandas de los grupos sociales, que además de profundizar las desigualdades existentes, potencializaba la conflictiva.

En el desarrollo de las políticas sociales contemporáneas, es importante señalar la influencia que tuvo en la región, la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual impacto significativamente la nueva política social del siglo XXI. La concepción de derechos en Latinoamérica, “estuvo signada por la resistencia a las dictaduras militares en el Cono Sur en la década en 1970 y en Centroamérica en 1980” (Abramovich 2006, p.38).

Estas luchas concientizaron más a la población sobre sus derechos y le otorgaron una mayor incidencia pública a sus demandas. Es por ello, que a las exigencias sobre el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, se le sumaron los económicos, sociales y culturales, además se le asignó un nuevo rol al Estado como garante de los mismos, y las políticas sociales vienen a constituir el medio para la cristalización de tales derechos. Este proceso, visibilizó problemáticas sociales solapadas por años, y le otorgo más fuerza a las luchas por la reivindicación de los derechos de los grupos socialmente excluido (mujeres, indígenas, niños, ancianos, etc.). Además, le otorgo notoriedad a la agenda social, y un puesto muy relevante a la política social en el concierto de las políticas públicas del siglo XXI.

 

Cambios en la política y protección social del nuevo milenio

El enfoque actual de la política social en la región, especialmente durante la primera década del 2000 combina la inclusión social (vía garantías de los derechos sociales) con la construcción de ciudadanía (vía participación), con el objetivo de impulsar procesos de transformación de la estructura social. La participación es uno de los rasgos más resaltante de esta nueva política y va más allá de su acción electoral o consultiva, es una forma de intervención directa en los asuntos públicos que les permite a los ciudadanos ser sujetos y objeto en la construcción de las políticas públicas. 

También, se observan otros indicadores que muestran los cambios en la política social contemporánea, tal es el caso del incremento en el gasto público social, el cual constituye uno de los mejores indicadores que ilustra la voluntad política de un gobierno de mejorar la calidad de vida de la población, y esto tiene una importancia vital para el desarrollo de las políticas sociales y la ampliación de la cobertura de los sistemas de protección social. Es por ello, que el aumento progresivo del gasto público social en toda la región, habla de la importancia que ellas han adquirido en el nuevo milenio.

En términos absoluto, tenemos que en Latinoamérica, el gasto público social pasó de 445 US$ por persona entre 1990-1991 a 880 US$ en 2007-2008. También pasó del 12,3% al 18,4% del PIB en el mismo período, y luego a un 19,3% del PIB en 2009-2010; pero entre 2011-2012, producto de los ajustes fiscales de los países registra un leve descenso ubicándose en 19% del PIB en 2012. A partir de este año, comienza a notarse un freno en la tendencia creciente del gasto público social, que es resultado de la crisis financiera internacional y la desaceleración del crecimiento de la mayoría de los países de la región (CEPAL, 2010, 2016). El aumento progresivo del gasto público social durante toda la primera década del 2000, arrojo sus frutos, especialmente en las áreas de educación, salud y seguridad social. 

En términos generales, el aumento del gasto social de 6,8 puntos porcentuales del PIB obedece en gran medida al crecimiento del gasto en seguridad social y asistencia social (CEPAL 2016, p.67). Esto también obedece al progresivo envejecimiento de la población en un gran número de países de la región, lo cual impone cargas elevadas a las prestaciones de la seguridad social (Cecchini y otros, 2015.

 

En resumen, tanto la política social como los sistemas de protección social en la región en el nuevo milenio registran cambios positivos donde destacan la tendencia a la universalidad y la preocupación por la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios. La universalidad en las políticas de protección social implica que estas deben prestar atención simultáneamente a aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza y requieren garantía de ingresos y acceso a mecanismos de promoción social; de la misma manera que a aquellas que no son pobres, pero son vulnerables y demanda mecanismos de aseguramiento continuo; y también a aquellas que tienen mayor capacidad autónoma, pero necesitan de mecanismos de aseguramientos (tanto públicos, como privados), reconociendo además la importancia de la garantía de un piso mínimo de protección como base para construcción de ciudadanía.

 

Referencias

Abramovich, Víctor (2006). “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo”, Revista de la CEPAL, Nº 88 (LC/G.2289-P), Santiago de Chile: CEPAL.

Aponte, Carlos (2012). “¿Estado Social o Estado de Bienestar en América Latina?”, Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, Vol. XVIII, Nº 1, pp.11-40.

Cecchini, Simone, Filgueira Fernando, Martínez Rodrigo y Rossel Cecilia (eds.), (2015). Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización, Libros de la CEPAL, Nº 136 (LC/G.2644-P). Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en http://www.cepal.org/es/publicaciones/38821-instrumentos-proteccion-soci....

CEPAL (Comisión para el Desarrollo de América Latina), (2016). Panorama Social de América Latina 2015,  (LC/G.2691-P). Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39965/4/S1600175_es.pdf.

_____ (2010). Panorama Social de América Latina 2009, (LC/G.2423-P). Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en http://www.cepal.org/es/publicaciones/1236-panorama-social-de-america-la....

Maingon, Thais (coord.), (2006). Balance y Perspectivas de la Política Social en Venezuela, Caracas: ILDIS. Disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/03823.pdf.

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